Muestra de ello es la separación de Procentrhico de dicha organización, la cual, más que un discurso conciliador y persuasivo, empleó una serie de ataques directos tanto a comerciantes ambulantes como a autoridades locales y federales, captando la atención nacional y constituyéndose como un grupo radical dentro de la Cámara de Comercio. A pesar de la función comercial del Centro Histórico, la presencia del comercio en las calles se constituye en una afrenta a la idea de Centro Histórico que se ha venido consolidando en el contexto latinoamericano desde hace 40 años, sustentada en el discurso de la conservación del patrimonio histórico como requisito fundamental para la inserción de las ciudades a la economía globalizada. Desde la I ARDF (1988–1991) se coordinó una serie de audiencias en la primera legislatura, donde se discutió y evaluó la posibilidad de reglamentar el comercio ambulante, a pesar de las limitaciones que tenía esta asamblea para legislar.25 Durante estas audiencias, la discusión se centró en la necesidad de tener un reglamento integral para el comercio ambulante en las calles de la ciudad propuesto por Juan José Castillo Mota, representante del PRI y presidente de la Comisión de abasto y Distribución de la ARDF, y entre quienes se oponían a esta propuesta.

Por otra parte, se produjo un debate público tanto en los medios de comunicación como en la asamblea de Representantes del Distrito Federal, lugar en el que se realizó una serie de audiencias en las que participaron los actores sociales implicados, con el propósito de elaborar un reglamento integrado, el cual no fue aprobado. Los conflictos descritos en los apartados anteriores trasladaron el problema del comercio ambulante de las calles del Centro Histórico a la naciente asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), creada en noviembre de 1988, e involucrando con ello a otros actores en esta disputa, como serían los representantes de los partidos políticos pertenecientes al PAN, al PRI y al FDN .24 Para que este problema empezara a ser un tema público, más que un problema social, era necesario que los distintos actores reconocieran su relevancia y lo plantearan como una situación problemática para toda la sociedad. La Fundación Centro Histórico, la cual nació en 2002, en palabras de Slim, tenía como objetivo hacer de este espacio un lugar “vivo, restaura do, seguro, limpio, activo, con una sustancial mejora socioeconómica de sus residentes, para que no sólo estemos orgullosos de nuestro pasado, sino, sobre todo, de nuestro futuro”.36 Como antecedente, podemos mencionar que este empresario ya venía participando como presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico (CCRCH), del que formaban parte representantes del gobierno federal, del Distrito Federal y de la sociedad civil, representada por empresarios y académicos especialistas en arquitectura y restauración.

La pretensión del gobierno actual del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, de retirar a los comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la ciudad en 2007, no es nueva. En el caso del Distrito Federal, el Centro Histórico nació en 1980 con el decreto presidencial que lo declaró Zona de Monumentos Históricos y, posteriormente, con la declaratoria como patrimonio de la humanidad en 1987. Mediante estas acciones públicas, el Centro Histórico cambió también la forma de entender la problemática del comercio ambulante en sus calles. La segunda medida consistió en la elaboración de un bando para prohibir el comercio ambulante en el perímetro a del Centro Histórico aprobado el 12 de julio de 1993 en la II legislatura de la ARDF(1991–1993). Tras varios intentos por contener esta problemática,3 el bando de 1993, que prohibía el comercio ambulante en el perímetro a, no logró ser aplicado cabalmente. Estas acciones fueron reforzadas con la promulgación del bando de 1993. A través del bando se buscaba evitar el regreso de los comerciantes y/o de nuevos comerciantes ambulantes. A través de una serie de declaraciones, afirmaron constantemente que la problemática del comercio ambulante representaba la “pasividad e incapacidad oficiales”,18 y solicitaron al gobierno de la ciudad la instrumentación de políticas públicas para evitar que el primer cuadro de la ciudad se convirtiera en “reducto anárquico”19 por efecto del comercio ambulante en sus calles.

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