Cierto es que ni en las negociaciones ni tampoco el órgano de Apelación han adoptado una respuesta a la relación entre el artículo XIX y el artículo XXIV del GATT, pero este último, a través del principio del paralelismo provocó como efecto un verdadero reemplazo de la propia voluntad de los Estados negociadores de la Ronda Uruguay en los parámetros a través de los cuales se mide la compatibilidad de la exclusión de un miembro de una zona de libre comercio o de una unión aduanera con las normas del GATT69. Es de hacer notar en este sentido que tanto en los asuntos Argentina – Calzados como en Estados Unidos – Tubos, se invocó como defensa el artículo XXIV, pero en ambos el órgano de Apelación evadió la cuestión, considerando que se había violado el principio de paralelismo. Además, teniendo en consideración que la Argentina no invocó el artículo XXIV como defensa ante la constatación de una violación del GATT de 1994, también revocó sus conclusiones en este sentido46. El primer paso fue mencionado a partir del asunto Argentina – Calzados, en el que las Comunidades Europeas alegaron que entre la investigación y la aplicación de medidas de salvaguardias debe existir una relación de coherencia.

forex Así, entendemos que el órgano de Apelación no exige explícitamente que las medidas de salvaguardia se impongan solo al producto, con independencia del lugar de procedencia. A ello cabe agregar que la interpretación del órgano de Apelación sugiere una respuesta similar a la propuesta de mayo de 1990 emanada de la Secretaría del GATT durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, conforme a la cual, para permitir la exclusión de los miembros de una zona de libre comercio o de una unión aduanera, el Estado miembro o la unión aduanera a nombre de un miembro debía demostrar que el grave daño que da lugar a que se invoque el artículo XIX se debe a las importaciones procedentes de países no miembros. Dicho de otra manera, la tesis del órgano de Apelación parece ser una respuesta frente a las negociaciones de la Ronda Uruguay, imponiendo un criterio cuya propuesta no fructificó en su oportunidad.

Sin embargo, anteponiendo el criterio de paralelismo, reconoce que bajo ciertos supuestos —que no señala— pueden ser aplicadas medidas de salvaguardia de manera discriminatoria65. Aun cuando la naturaleza exacta de las medidas bilaterales de salvaguardia varía dependiendo del acuerdo de libre comercio que se trate, ellos comparten la característica común que la concesión realizada bajo el amparo del acuerdo de libre comercio puede ser temporalmente suspendida en contra de otro Estado parte de dicha zona. En el asunto Estados Unidos – Tubos, el órgano de Apelación evitó pronunciarse acerca de si el artículo XXIV permite excluir de una medida las importaciones procedentes de un miembro de una zona de libre comercio apartándose de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias. El Grupo Especial también señaló que era aplicable a una zona de libre comercio lo dispuesto en la frase final de la nota al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

Por último, surge la pregunta de si el cumplimiento del requisito de paralelismo —y la consecuente exclusión de productos originarios de un Estado parte de un acuerdo de libre comercio de la etapa de investigación— puede distorsionar la razón por la cual se impone una medida de salvaguardia. Sin embargo, no ha explicado de manera satisfactoria en qué casos y bajo qué condiciones —al margen del cumplimiento del principio de paralelismo— se puede excluir a un Estado miembro de la OMC de una medida de salvaguardia global. Ello se suma a la confusión existente en la materia dentro del marco normativo de la OMC. 4Los únicos casos de selectividad permitidos en materia de salvaguardias por normas OMC se encuentran en el artículo 9 del Acuerdo sobre Salvaguardias —relativo al trato especial y diferenciado respecto de los países en desarrollo miembros—, y la disposición del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de China. De esta manera, las Comunidades Europeas no discuten la exclusión de los países del MERCOSUR de la medida de salvaguardia.